¿Qué tienen en común la memoria histórica, la crisis de la vivienda y la reinserción social? Son tres temas que en principio no deberían guardar relación entre sí pero que convergen todos en Yeserías. Producto de una larga lucha, el 10 de julio se inició el proceso para que esta antigua cárcel sea declarada Lugar de Memoria Democrática. Tanto las antiguas presas como diferentes asociaciones memorialistas llevaban más de un año exigiendo el inicio de estos trámites, llegando incluso a convocar concentraciones de protesta. La noticia llegó poco después de que Comisiones Obreras denunciara la intención de cerrar el actual Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, ubicado en el antiguo centro penitenciario. El motivo es albergar la nueva sede de los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que a su vez, deben abandonar sus actuales instalaciones tras la venta del edificio a empresas relacionadas con proyectos hoteleros y residenciales de lujo. El centro de Yeserías está ubicado en el barrio madrileño de Arganzuela. Antes de la Guerra Civil había operado como albergue y, en 1939, tras la caída de Madrid, pasó a convertirse en una de las cárceles de represaliados del franquismo. Por sus celdas pasaron más de 6.000 prisioneros, entre ellos, Miguel Hernández. Tras unos años cerrado, en 1974 pasó a ser una cárcel de mujeres. Finalmente, dejó de operar como tal en 1991, inaugurándose su última etapa como CIS. Por el Victoria Kent han pasado cientos de presos en sus últimas etapas de condena, con regímenes de semilibertad o en cumplimiento de alguna pena no privativa de libertad. Todos los internos pueden salir a la calle diariamente a realizar labores de reinserción sociolaboral. En total, tiene capacidad para aproximadamente 400 internos, además de 220 liberados condicionales. Este espacio también gestiona cada año unos 6.000 mandamientos de condena de penas y medidas distintas a la prisión, como son los trabajos en beneficio de la comunidad, sustituciones y suspensiones de condenas, libertades vigiladas. Comisiones Obreras denuncia el cierre de este espacio, con afectación para los usuarios y los trabajadores -109 funcionarios y 23 personal laboral fijo-. De acuerdo con la sección sindicial de Instituciones Penitenciarias, se trata del CIS más importante de España y su cierre supone "una involución en el modelo penitenciario". Hasta ahora, Instituciones Penitenciarias se ha ubicado en unas oficinas de alquiler en la calle Alcalá 38-40. El edificio fue adquirido por Ardian y Lamar Developement, según confirman ambas entidades en un comunicado conjunto. Ardian es una gestora global de inversiones privadas con presencia en varios países europeos mientras que Lamar es una promotora inmobiliaria internacional especializada en proyectos hoteleros y residenciales de lujo. La intención de ambas entidades es rehabilitar el espacio y construir una veintena de viviendas de uso residencial. El edificio fue construido en 1880 y cuenta con 10.000 metros cuadrados distribuidos en siete plantas. Su ubicación es más que estratégica: en pleno centro, se encuentra a escasos metros de la plaza Cibeles y del hotel Four Season.  Desde Comisiones Obreras lamentan en conversaciones con Público que se desmantele "un servicio público esencial y un centro que es un referente de la política de reinserción" para que "los gestores penitenciarios sigan trabajando cerca del centro de Madrid". En su opinión, el Estado cuenta con edificios libres donde podrían establecerse sin recurrir al centro de Arganzuela. "Además el tiempo pasa y no nos están dando ninguna información cuando es obligatorio negociar con las organizaciones sindicales las modificaciones en las condiciones de trabajo", subrayan fuentes del sindicato. Fuentes de Instituciones penitenciarias confirman que se está previsto que en un futuro se realice el traslado de su sede a este espacio, aunque todavía no hay una fecha prevista y el proceso se encuentra en una fase muy preliminar.  Las asociaciones memorialistas madrileñas y, en especial, aquellas como La Comuna de las que forman parte antiguas presas del complejo, temen que el cambio de uso del centro pueda venir acompañado de un nuevo derribo. "Ante todo, queremos que se mantenga el edificio. Es nuestra principal preocupación. Es el principal espacio de represión en Madrid que queda en pie, ya demolieron la de Carabanchel y la de Ventas. Solo queda esta y otra en Alcalá, que se mantiene en mal estado. No sabemos cuál es el objetivo del cambio de uso, pero no nos podemos permitir que le pase lo mismo a Yeserías", defiende Rosa García, miembro de La Comuna y expresa de este centro. Ella, como el resto de mujeres y hombres que pasaron por estas celdas, no ha podido volver a entrar dentro de la antigua prisión. "Desconozco cómo está ahora y qué se conserva porque en cincuenta años no he podido entrar dentro nunca. Solo una vez pude visitar el patio, curiosamente porque llevaron allí los archivos de instituciones penitenciarias y tuve que entrar a por un documento personal", cuenta Rosa. Además de su conservación y señalización como lugar de memoria, las activistas esperan que pueda convertirse en un espacio de divulgación abierto al público, "en el que se pudiera enseñar a los jóvenes y a la gente del barrio cómo era la vida en su interior".  La lucha para conseguir la declaración como lugar de memoria no ha sido sencilla, como bien recuerda la exprisionera. La primera solicitud que enviaron al Ministerio de Memoria Democrática fue rechazada y tuvieron que realizar un segundo escrito. En esta última ocasión acompañaron sus reivindicaciones con concentraciones frente a la sede de esta institución, además de otros actos reivindicativos que llegaron a dar sus frutos. Rosa García subraya el simbolismo de Yeserías como lugar de represión y de resistencia antifranquista y cree que es fundamental dar a conocer este tipo de espacios. "Fue una de las cárceles más utilizadas durante la posguerra. Por ella llegaron a pasar más de 2.000 presos, algunos muy conocidos como Eduardo de Guzmán.También estuvieron las dos últimas mujeres condenadas a muerte, Concha Tristana y María Jesús Basco, en septiembre de 1975", relata. Cuando Yeserías comenzó a operar como centro de reclusión franquista, en la capital existían más de 90.000 prisioneros políticos. De ellos, según datos del Ministerio de Memoria Democrática, al menos 65.000 permanecieron hacinados en las principales cárceles de la ciudad: Porlier, Ventas, San Antón o Yeserías. A ellos se sumaban otros centros penitenciarios como el de Alcalá de Henares o El Escorial.  En 1974, este edificio pasó albergar a reclusas mujeres, una actividad que se mantuvo durante la Transición. Muchas de las prisioneras que acababan en este enclave eran militantes antifranquistas, activistas sindicales, estudiantes o miembros de agrupaciones políticas clandestinas. En el caso de Rosa, fue detenida en agosto de 1975 por pertenecer a la Federación Universitaria Democrática de España. Antes de acabar en esta ubicación fue víctima de torturas en la Dirección General de Seguridad. Las mujeres que pasaron por Yeserias sufrieron las consecuencias del hacinamiento, la falta de alimentos y un régimen disciplinario especialmente duro. Según ellas mismas han contado, los registros corporales eran contantes y apenas tenían lugares de intimidad. La cara más esperanzadora de la historia de esta cárcel la escribieron ellas mismas, que organizaron una especie de comuna para cuidarse y compartir recursos.