Cuando terminó de limpiar, después de pasar todo el día fregando y dejando la casa reluciente, la espalda le ardía y tenía las manos hinchadas. Había aceptado el trabajo porque necesitaba dinero y la mujer que se lo ofreció le había prometido que le pagaría bien. "Lo que me dio como pago fue una bolsa de basura, con restos de comida. Se aprovechó de mi buena fe". Es uno de los testimonios a los que ha tenido acceso Público a través de Border Resistance, un colectivo que ha acompañado a personas migrantes llegadas a Ceuta y que ha documentado varios casos de explotación similares. Personas que, ante la falta de dinero y de alternativas, aceptan trabajos precarios a cambio de unos pocos euros, productos o incluso restos de comida. "Nosotros huimos de Marruecos precisamente de este tipo de explotación que ahora sufrimos", cuenta otra de las personas cuyos testimonios ha recogido Border Resistance. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo han puesto en marcha esta semana un operativo para detectar este tipo de situaciones, después de una denuncia presentada por la Confederación de Empresarios de Ceuta. Uno de los últimos casos se ha localizado en una peluquería de la barriada de El Morro. Allí fueron encontrados dos migrantes que habían entrado en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que llevaban aproximadamente un mes trabajando en el local de manera irregular. A ambos se les ha abierto un expediente administrativo de extranjería, que puede derivar en una propuesta de expulsión o en una sanción económica, mientras que el propietario de la empresa se encuentra en búsqueda y captura, según recoge Europa Press. Chadi Boukhari, periodista y coordinador del Border Resistance, explica a Público que muchas de estas personas acaban aceptando trabajos precarios para poder permitirse un techo, ante la falta de espacios de acogida en la ciudad autónoma. "Los migrantes solo buscan protección y un techo en el que sentirse protegidos ante posibles riesgos", señala. Según relata, las personas queer se encuentran entre las más expuestas a estas situaciones y algunas pueden acabar enfrentándose también a casos de explotación sexual. Pero encontrar un techo tampoco garantiza unas condiciones dignas. La falta de alternativas puede llevar a algunas personas a aceptar alojamientos donde tienen que compartir pocos metros cuadrados con decenas de migrantes y pagar precios abusivos. En los últimos días, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha destapado dos operaciones donde grupos y particulares se lucraban alojando a migrantes en pisos patera. En una de ellas, dos personas fueron detenidas por cobrar hasta 900 euros al mes por alojar a migrantes en garajes y otros espacios sin condiciones adecuadas de habitabilidad. Los detenidos podrían formar parte de una organización más amplia que habría ofrecía a los migrantes la posibilidad de trasladarse irregularmente a la Península por 6.000 euros. En la segunda operación, una pareja mantenía a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un sótano de apenas 15 metros cuadrados, según El País, en el que podían estar cobrando hasta 300 euros al mes por cada persona. Estos casos, sin embargo, no representan al conjunto de los vecinos de Ceuta. Desde el inicio de las llegadas, tal y como recogió Público, muchos han mostrado su solidaridad con las personas migrantes proporcionándoles comida, un lugar donde ducharse o donde cargar sus teléfonos. En especial, los barrios de El Príncipe y Sidi Embarek, donde los vecinos organizaron la acogida de niñas y adolescentes en sus polideportivos. Border Resistance también denuncia que los migrantes están siendo víctimas de agresiones físicas "a manos de militares y de personas con uniformes oficiales". "Varias personas del colectivo LGTBIQ+ describen haber recibido puñetazos, golpes con porras, en el rostro hasta la hinchazón del ojo, golpes posteriores con un objetos contundentes, patadas en el pecho y golpes en las manos hasta dejarlas amoratadas y ardiendo", asegura el colectivo. Ante esta situación, más de una veintena de organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y movimientos militantes han firmado un comunicado donde exigen la apertura de una investigación internacional independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta. Además, solicitan que el Gobierno ponga en marcha una protección especial e inmediata para las personas del colectivo LGBTIQ+ y para los menores, que incluya la asignación de centros de acogida específicos para ellos, entre otras medidas.