El vídeo de la agresión a dos militantes de izquierdas en Oviedo la pasada semana no dejaba lugar a dudas sobre el carácter fascista de la misma. Los gritos de los atacantes y las víctimas seleccionadas enmarcaban la paliza en un clima de señalamiento y una reiteración de los discursos de odio que la derecha está llevando a cabo desde hace tiempo contra diferentes colectivos, entre estos, sus opositores políticos como Rubén y Fernando. Las palabras del alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, quitando hierro al asunto, pidiendo conocer la versión de los agresores y criminalizando a las víctimas, confirmaban la complicidad de la derecha en el auge de la violencia fascista que estamos viviendo. Esta agresión estaba grabada, pero son muchas las que no se han podido documentar más allá de los partes de lesiones y los relatos de las víctimas. Pero incluso existiendo pruebas gráficas, algunos de estos episodios violentos no son ni siquiera sancionados o, por el contrario, acaba siendo la víctima la que es investigada. Es lo que sucedió en Granada con el ataque con armas prohibidas de un grupo de seguidores de Vox contra una manifestación antifascista, ante las narices de la policía y con varias cámaras grabando. Los ultras rompieron el cordón policial y atacaron con porras extensibles a los manifestantes, mientras la policía cargaba también contra los antifascistas sumándose a la embestida. El resultado fue la imputación de cuatro manifestantes de izquierdas y el archivo de la causa contra los fascistas que rompieron la línea policial y usaron armas contra ellos. Unos días antes, varios reporteros de la televisión pública eran una vez más rodeados, insultados y agredidos por algunos asistentes a las manifestaciones ‘por Ceuta’ en varias ciudades. De nuevo ante las cámaras y ante la pasividad de la policía, que ni identificó ni detuvo a nadie in situ. La derecha lleva meses señalando a RTVE y a sus trabajadores, y luego los ultras actúan violentamente contra ellos. Lo mismo sucedió en Barcelona durante el acto de los ultraderechistas de Aliança Catalana el día previo a la Diada, donde un Mosso d’Esquadra lanzó al suelo al fotoperiodista Jordi Borràs, momento que fue aprovechado por varios asistentes al acto para patearlo en el suelo. Ni un detenido. Fue Jordi quien fue arrastrado y separado de los agresores, mientras estos permanecieron allí sin que ningún agente, al menos, les pidiese la documentación. Jordi, que lleva años retratando con su cámara y sus libros a la extrema derecha global, sabe que está en su punto de mira. Ha recibido infinidad de amenazas de muerte, y en 2018 fue agredido por un agente de la Policía Nacional de paisano al grito de ¡Arriba España! El agente fue condenado por ello y hoy, además de haberse unido a Vox, sigue insultando y amenazando por redes. Han pasado varias semanas desde que vimos en directo en varios medios como una turba de racistas asaltaba el precario campamento en el que malviven las personas migrantes en una playa de Ceuta. A cara descubierta y delante de la policía. ¡Hay que cazarlos! Había dicho José María Figaredo, diputado de Vox, días antes sobre las personas migrantes. No sabemos si la policía ha detenido a alguno de estos asaltantes, pero allí, in situ, se limitó a apartarlos del lugar sin demasiado entusiasmo. Esta semana, la compañera de elDiario, Gabriela Sánchez, documentaba las agresiones que varios migrantes habían denunciado en Ceuta llevadas a cabo por militares del Ejército español. Uniformados que realizan cacerías nocturnas, en las que se retenía, se humillaba, se agredía y se robaba a estas personas en situación precaria, algunos de ellos menores de edad. Ceuta es ahora mismo una zona gris donde estas personas atrapadas, sin ningún tipo de seguridad jurídica, están a merced de los sádicos, los racistas y los caraduras que se aprovechan de su vulnerabilidad y de unas instituciones que, sabiendo que esto ocurre, lo esconden bajo la alfombra, miran hacia otro lado o anuncian investigaciones internas que nunca trascienden. Estos son solo algunos de los ejemplos recientes, tan solo una parte de la infinidad de abusos y agresiones que se producen semanalmente contra aquellos que previamente son señalados por la ultraderecha. Toda esta violencia reiterada a la que estamos asistiendo no es fruto de lo que algunos se empeñan en llamar ‘polarización’, una palabra que sugiere la existencia de dos polos opuestos en disputa, y que más allá de estos existe un centro virtuoso y equidistante que es víctima del empeño y la radicalidad de ambos extremos. El problema de la violencia fascista, racista y de odio no es la existencia ni la acción de quienes la combaten, sino la complicidad de quienes la alientan con sus discursos de odio y la banalizan cuando sucede. De quienes, teniendo la capacidad y la obligación de actuar, no lo hacen o no se esfuerzan demasiado por hacerlo. No es un problema solo de la existencia de una masa fascista empoderada y bien respaldada, sino de unas instituciones incapaces o indolentes. Ante esta escalada de violencia y la sensación de impunidad, nos preguntamos qué vamos a hacer. Cómo debemos actuar más allá de la denuncia y el lamento, de señalar a los culpables, a los autores y a los promotores, cuando las instituciones dejan de ser un dique contra la violencia y se perciben como inoperantes o cómplices. Porque más allá de que detenga y juzgue a los culpables de un hecho concreto, la seguridad de quienes son señalados reiteradamente está en riesgo cada día, en cada rincón del país, comprometida por quienes han hecho del odio y de su impunidad su negocio político. Lejos de amilanarse, hay un sector social que ha decidido poner el cuerpo. Estos últimos años, el antifascismo ha resurgido en las calles, ha movilizado a miles de personas contra los actos de la extrema derecha y su violencia, y ha recibido, como siempre, su dosis de palos, detenciones y juicios por ello. Muchos de los que participan en estas protestas son jóvenes, muchos más que los chavales que secundan las marchas y algaradas ultras, pero de ellos se habla poco. El relato de que la juventud se ha vuelto reaccionaria se desmonta asistiendo a cualquier protesta antifascista, comparando quienes hay en cada lado. En estos casos, vuelve el relato mediático de los dos extremos. No hay opción entonces. Nos quejamos de que los jóvenes se vuelven fachas, y criminalizamos a los que toman partido y se oponen a ellos. ¿Qué vamos a hacer ante el avance y la violencia del fascismo? Es una pregunta que debemos hacernos todos y todas, que nos interpela como sociedad, nos saca de la comodidad y nos obliga a tomar partido más allá de los tuits y los votos. La ofensiva ultraderechista triunfa cuando la mayoría delega en otros su responsabilidad, que podría salvar derechos y vidas. Cuando el virus está dentro, y son funcionarios, jueces, fiscales, policías y militares quienes participan de la ofensiva ultra, el asunto aterriza ya en lo doméstico y lo cotidiano, nos interpela ya personalmente, porque nadie nos va a salvar. El Gobierno lo sabe, pero no actúa. El miedo, piensan, también puede movilizar a los suyos. Y eso es una temeridad que pagan cara quienes más se exponen, quienes más lo sufren.  ¿Qué vamos a hacer? Cada uno puede y debe responder a esa pregunta si de verdad le preocupa el futuro que plantea la extrema derecha. Mirando a su alrededor, detectando donde se cuela el discurso e interviniendo donde se pueda. Que cada uno haga lo que pueda, pero que haga algo. Si no asumimos ya esa responsabilidad, si confiamos en que otros lo solucionen, viendo el papel que están jugando hoy las instituciones, después será demasiado tarde.