El nuevo campamento para inmigrantes habilitado por el Gobierno en dos parcelas del puerto de Ceuta colgó al mediodía de ayer el cartel de “completo” –en castellano, inglés y árabe, para que no hubiera dudas– al ver ocupadas sus algo más de 1.700 plazas en unas pocas horas. Muchos no lo consiguieron y a su desamparo después de 50 días malviviendo al raso se unió la frustración y la rabia por haber perdido otra oportunidad. El Ejecutivo calcula que, tras este realojo, más de 3.000 inmigrantes siguen en la calle. Muchos de ellos, al no poder acceder ayer al recinto del puerto, regresaron a refugiarse en las playas de Benítez y el Trampolín, de donde habían partido antes de que amaneciera, o desaparecieron por la periferia de la ciudad autónoma. La operación se puso en marcha antes de las siete de la mañana, cuando una multitud ya esperaba desde la madrugada en la playa de Benítez o se desplazó allí desde la más apartada del Trampolín, cuando las fuerzas del orden público empezaron a organizar el traslado hasta las instalaciones del puerto. En poco tiempo la situación se desbordó, con escenas de tensión, estampidas de los inmigrantes para no quedarse sin plaza, salvas al aire de los antidisturbios, cargas policiales y heridos. El caos inicial se pudo reconducir, las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación, y el traslado y la entrada en fila de los inmigrantes al campamento del puerto se consumó sin más incidentes. Hasta que se agotó su aforo, y los que no lo consiguieron se dispersaron hasta la próxima oportunidad. El Gobierno atribuyó al contencioso judicial dirimido en la Audiencia Nacional –tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP)–, el “efecto llamada” por el que muchos inmigrantes se agolparon. “Sabían que el realojo era inminente”, explican. Y la operación no se pudo llevar a cabo con la discreción pretendida, debido, a su juicio, a la “publicidad” que dio al traslado el contencioso en la Audiencia, que el jueves autorizó la apertura del campamento. En la Moncloa destacan que fue el “operativo más complejo que se haya hecho nunca en España”, ante la reubicación de más de 1.700 inmigrantes en unas pocas horas. Y, pese a la tensión inicial, resaltan el “comportamiento cívico, sin violencia ni altercados” con el que se desarrolló la operación. Las imágenes de avalanchas y fuerte tensión agravó de inmediato la confrontación política. Alberto Núñez Feijóo denunció el “descontrol” de una situación de la que responsabilizó a Pedro Sánchez. “No es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, no se puede hacer peor”, lamentó, y reclamó la expulsión de los inmigrantes. En la Moncloa tacharon de “deleznable e irresponsable” su actitud. “Feijóo está alimentando el discurso xenófobo y racista de Vox, y solo está engordando a Vox”, advirtió el ministro Óscar López. “Esto no es oposición, es demolición”, denunció. Santiago Abascal, que también exige la expulsión de todos los inmigrantes, les invitó a seguir “corriendo” hasta regresar a Marruecos. Pero también Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, alzó la voz: “La Policía carga contra grupos de migrantes por el terrible delito de andar despacio”, criticó. Pese a la presión de la derecha y la izquierda, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, celebró que la operación del traslado de inmigrantes a las instalaciones de acogida temporal en el puerto culminó “con éxito y sin incidentes relevantes”. “Seguimos caminando para alcanzar la normalidad en Ceuta”, confió. De los entre 9.000 y 10.000 inmigrantes, “como máximo”, que se quedaron en Ceuta tras las avalanchas de julio, en el Gobierno cifran en 6.000 los que ya están bajo techo tras este realojo. Pero asumen que aún quedan más de 3.000 en la calle.