En la mayoría de los países europeos, los jueces tienen escaso protagonismo. Se discuten las sentencias, pero se habla poco de quien las dicta. Quizás Italia ha sido la única excepción, donde han proliferado magistrados progresistas que después han saltado a la política. En España, los jueces son como los árbitros de fútbol. Cuando se ponen a investigar un caso, se publican enseguida sus antecedentes, como cuando se anuncia el colegiado que dirigirá un partido importante y ya se le presupone si pitará penaltis a favor de un equipo o del otro.

Tengo para mí que la inmensa mayoría de los jueces, como los árbitros o los periodistas, son honestos y ejercen su función de la mejor manera que pueden y con los medios que tienen a su alcance. Pero hay excepciones, claro. El inquisidor Juan Carlos Peinado es un caso evidente, y cuando sus compañeros tratan de protegerlo en sus órganos de gobierno hacen un flaco favor a la causa de la justicia.

Pero lo que da peor imagen a la magistratura es la eterna confrontación entre jueces progresistas y conservadores. La crónica que hoy escribe Carlota Guindal, sobre los movimientos que se están preparando en el seno del Consejo General del Poder Judicial para cubrir las vacantes que se van a dar en el Tribunal Supremo, hace que las intrigas de series de ficción como Juego de tronos parezcan chiquilladas a su lado. Sectores de ambos bandos admiten la trascendencia de estos nombramientos porque será lo que marque la sensibilidad futura –es una manera elegante de escribirlo– del máximo tribunal español para los próximos años. “Incluso décadas”, apunta Guindal.

Sentencias de estos últimos años como la que se dictó contra los líderes independentistas catalanes o contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fueron hechas contando con esta especial sensibilidad.

Entiendo que no es fácil encontrar un sistema de designación lo más justo posible para estos importantes cargos, pero urge una despolitización. Ya era complicado en los primeros años de democracia, cuando gobierno y oposición primaban el consenso, pero en el momento actual de crispación es imposible. Y el resultado final es catastrófico para la credibilidad del sistema.

Director de La Vanguardia desde marzo de 2020. Ha trabajado como redactor en las secciones de Política, Sociedad y Ciudades de La Vanguardia, donde entró en 1992