Es septiembre y, en el escenario más alejado, quedarían 11 meses para las elecciones generales. Pero será, casi con total seguridad, menos tiempo. Eso es lo que se desprende de los cálculos que hacen, ya casi por obligación, las distintas fuerzas políticas que componen el Congreso; unas con más soltura que otras. Existen dos posiciones claras, pero también hay previsiones compartidas. Una se repite en todas las conversaciones: "Sánchez convocará elecciones cuando más le convenga". Y también hay un factor decisivo que, según las fuentes consultadas, puede precipitarlo o ralentizarlo todo: los Presupuestos Generales que quiere presentar el Gobierno y cuya negociación abrieron el ministro de Hacienda, Arcadi España, y Ernest Urtasun, en representación de Sumar. Así, entre los partidos que tradicionalmente han servido al Ejecutivo para mantener su acción de gobierno hay, en estos momentos, dos tendencias muy diferenciadas. Una la representan formaciones como ERC, EH Bildu o el BNG y también el espacio de Sumar, socio de Gobierno del PSOE. Es un bloque dentro del bloque de investidura que apuesta por agotar al máximo la legislatura con tal de aprovechar todo el tiempo disponible para tratar de aprobar medidas sobre todo de carácter social. Una voz autorizada de la dirección de Esquerra es cristalina: "Nuestra preferencia es que se agote la legislatura". Y añade: "Ante lo que, según las encuestas, está por venir, es fundamental aprobar todas las medidas progresistas posibles para Catalunya y para el resto del Estado español en el tiempo que quede". "El rol que nos hemos marcado", completa, "es reforzar el país [Catalunya]".  Es una postura parecida a la que defiende, en conversación con Público, EH Bildu. Los de Mertxe Aizpurua ven al partido "fuerte orgánicamente tanto en Euskal Herria como a nivel estatal". Por lo tanto, no tienen "especial preferencia por una fecha", aunque, apuntan, "cuanto más dure la legislatura, más margen habrá para intentar sacar adelante medidas que siguen pendientes o en negociación, como la derogación de la Ley Mordaza" o su "propuesta para regular las viviendas turísticas". En el BNG mantienen su postura habitual: que se cumpla con Galicia. También fuentes del Grupo Plurinacional Sumar despliegan un discurso de continuidad. No en vano, forman parte del Gobierno y aún no han anunciado un candidato para las generales. "Siempre hemos defendido una legislatura completa", explican en declaraciones para este medio. Y añaden: "La gente que necesita que se regulen los precios de la vivienda, que se protejan los servicios públicos o que se controle el precio de la gasolina necesita un gobierno que esté a su lado". Está por ver si los meses que quedan —los que sean— hasta que se celebren los comicios sirven para avanzar en alguno de esos campos. Los tres saben, en cualquier caso, la importancia que tienen los Presupuestos en este contexto. Lo único que ha dicho el Gobierno es que los presentará en 2026 y, por el momento, los diálogos con los grupos en ese sentido no han pasado de "informales". "El Gobierno está, todavía, ultimándolos y luego se empezará a hablar", dijo Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, en rueda de prensa antes de la reunión entre España y Urtasun, una primera toma de contacto. Además, apostilló que "la legislatura está viva" y que su grupo tiene "mucho interés" en que todas las leyes que dé tiempo salgan adelante. Entre otras, ha hablado de la "ley que penaliza las terapias de conversión, la de entornos digitales o la de integridad pública". La primera ya la aprobó el Congreso y se encuentra, ahora, en el Senado. En Esquerra Republicana hacen notoria la duda que sobrevuela constantemente las cabezas de Sánchez y de Arcadi España, ministro de Hacienda. ¿Va el Gobierno en serio a por los Presupuestos? "Si es así", comentan en ERC, "puede que haya partida política". Sin embargo, los republicanos avisan de que "si el Gobierno va a hacer campaña, nosotros también". Nunca han puesto la mano en el fuego por Sánchez y todavía menos ahora. En cualquier caso, todas las fuerzas enumeradas apuestan por pelear unas nuevas cuentas públicas expansivas (las primeras de la legislatura) antes de un eventual ciclo de PP y Vox en La Moncloa o, incluso, como una herramienta para evitarlo. La otra parte de lo que un día fue el bloque de investidura o bien ha retirado por completo su apoyo a Pedro Sánchez —es el caso de Junts— o bien, como Podemos, ve una simple jugada electoral el anuncio de los Presupuestos. Los de Míriam Nogueras dan por muerta la legislatura y ya han dicho por activa y por pasiva que su único interés es utilizar el tiempo que queda para saldar cuentas con el Gobierno. La principal es la cesión de competencias migratorias para Catalunya, que depende, precisamente, de Podemos y que los morados no están dispuestos a apoyar por mucho que Junts eliminara el preámbulo de la proposición de ley, que los de Ione Belarra consideraban racista. Solo darían su sí en el caso de que la iniciativa no incluyeran medidas con un "enfoque securitario". En otras palabras, modificando por entero el sentido de la propuesta. Está por ver, en cualquier caso, si los de Nogueras se sienten, al menos, a negociar. Jordi Turull, secretario general del partido, avisó públicamente a Sánchez de que no lo harán si, antes, el Gobierno español no cumple con lo ya acordado. Por su parte, Podemos, en declaraciones también para este medio, evita quinielas electorales: "La fecha de las elecciones la decidirá Sánchez en función de sus intereses personales y partidistas". En cuanto a los Presupuestos, los morados insisten en que el Ejecutivo sabe que "no tiene apoyos para sacarlos adelante" y en que busca "utilizar esa derrota como excusa para convocar elecciones". Señalan, por lo tanto, un posible escenario: que Sánchez convoque elecciones tras una eventual derrota presupuestaria. Sin entrar a opinar acerca de si forma parte de una jugada electoral del líder socialista o no, ese juego de causa-efecto (convocatoria electoral tras una supuesta derrota en los Presupuestos) es una posibilidad que todo el mundo contempla. Es una votación, con todo, que no tiene fecha porque aún no se conoce cuándo se presentará el proyecto. Podemos, por cierto, ya ha dicho que votará en contra. "Con independencia de cuándo llame a las urnas", concluyen los de Belarra, "Podemos estará preparado para plantear una candidatura amplia, de izquierda valiente y fuerte, que defienda un proyecto de justicia social, feminismo, antirracismo y ecologismo" y, al menos por el momento y salvo giro copernicano, al margen de la candidatura que están construyendo IU, Movimiento Sumar, Comuns o Más Madrid. En el PNV son un poco más ambiguos. No desvelan su opinión acerca de si creen que Sánchez usará el debate sobre las cuentas públicas como una especie de precampaña electoral, pero sí que tienen claro que "sin Presupuestos es difícil mantener el sentido de la legislatura". "Sería irresponsable", zanjan. Los decibelios de los de Aitor Esteban y Maribel Vaquero, eso sí, han decrecido en los últimos meses. No hay que olvidar que el PNV llegó a subirse al carro de Junts pidiendo elecciones. Sin embargo, la derecha vasca se conforma con que Sánchez no se decante por un superdomingo electoral. Y es que, si se piensa en las elecciones generales, hay que tener en cuenta dos fechas importantes y esa es una. El 22 de agosto es el último día hábil —Constitución en mano— para celebrarlas. Y el 23 de mayo se celebrarán las municipales y una decena de autonómicas. Esa segunda fecha es un parteaguas. Los dos escenarios que maneja quien intenta penetrar en la cabeza del presidente del Gobierno para adivinar cuándo preferirá colocar el domingo electoral son antes de ese 23 de mayo o después. En otras palabras, antes de que se celebren los comicios municipales y autonómicos o una vez ya se sepa qué resultados obtienen las distintas fuerzas en los mismos, con el riesgo de que sean un descalabro para el PSOE.