El 30 de diciembre de 1902, el barrio bilbaíno de San Francisco estaba especialmente calentito. Medio centenar de mujeres, según la prensa de la época, hacían oídos sordos a las recomendaciones de Federico Momeñe, el médico del servicio municipal de Higiene Especial de la ciudad. Callar y callar ya no era una opción y salieron, envalentonadas, del sanatorio: "¡Viva la libertad!" y "¡Abajo los agentes de vigilancia!", gritaban. Sus vecinas las jalean desde ventanas y balcones. Los y las chavalas del barrio gritaban también aunque, probablemente, sin saber bien por qué. ¿Qué querían? Llegar al Ayuntamiento, hablar con el alcalde, poner punto y final a una nueva restricción que no estaban dispuestas a aceptar. Entonces, el alcalde era Pedro Bilbao Arrola, que tenía el mejor apellido que se puede tener para ser el alcalde de la ciudad. Llegaron al Ayuntamiento, vaya que sí. El alcalde las escuchó y les prometió hablar con el gobernador civil cuando regresara a Bilbao, pero solo llegaron ocho de ellas. El resto fueron disueltas antes y, catorce, detenidas. La cosa era seria: una orden gubernativa había prohibido que las "mujeres de vida licenciosa" salieran de sus domicilios hasta la una de la madrugada. La restricción, según El Noticiero Bilbaíno, se aplicaba con tal rigor que incluso las criadas de aquellas casas eran detenidas cuando salían a hacer la compra. La ciudad ardía en cambios y en desigualdades: la industrialización, inmigración, desigualdad, hacinamiento y una fuerte concentración de población obrera en Bilbao la Vieja, San Francisco y los llamados barrios altos. En esa zona se concentraban también la mayor parte de las casas de prostitución. Entonces, España no tenía una ley estatal uniforme que regulase el trabajo sexual. El sistema era reglamentarista, pero muy descentralizado. El historiador Jean-Louis Guereña explica que a comienzos del siglo XX encontramos distintos sistemas de reglamentación en las capitales y algunos municipios, pero sin una normativa única. Una mujer adulta no cometía un delito simplemente por ejercer la prostitución, pero el control cotidiano de las prostitutas adultas era, sobre todo, administrativo, sanitario y policial. Bilbao contaba, desde 1873, con un Reglamento de Higiene Pública Especial, que se actualizó en 1894. La prostitución no estaba prohibida: estaba tolerada, pero sometida a una vigilancia exhaustiva. Las mujeres debían estar inscritas y sometidas al control sanitario municipal. Podían ejercer en casas de tolerancia autorizadas o desde otros domicilios, pero hacerlo al margen del registro las convertía, a ojos de la Administración, en prostitutas clandestinas. Además, debían someterse a reconocimientos médicos. El Servicio dependía de la Alcaldía y contaba con un médico higienista, inspectores y personal administrativo. Este régimen, evidentemente, no se plantea como una medida para cuidar la salud de las trabajadoras sexuales sino para regular su presencia en la ciudad. La historiadora Sonia González García recoge que el control municipal sobre las prostitutas no se limitaba a los reconocimientos médicos ni a la inscripción administrativa, sino que alcanzaba también su presencia en el espacio público. El reglamento les prohibía asomarse a las puertas, ventanas y balcones de sus casas, formar grupos en lugares públicos, provocar escándalos, realizar gestos obscenos, seguir a transeúntes o invitarlos a entrar en sus domicilios. La reglamentación, por tanto, no perseguía únicamente objetivos sanitarios: regulaba también cuándo, dónde y de qué manera podían hacerse visibles en la ciudad. Aquello de reglamentar tenía consecuencias muy concretas. El Archivo Municipal de Bilbao está lleno de expedientes abiertos contra mujeres por ejercer la prostitución fuera de los cauces permitidos. La sanción, cincuenta pesetas. En 1902, M.R. fue multada con esa cantidad por ejercer clandestinamente en el número 36 de la calle Cortes; I.O. recibió la misma multa por hacerlo en su domicilio de Laguna 8 y a J.S. le cobraron lo mismo por permitir la "exhibición indecorosa" de varias mujeres en un "salón de peinados" de Laguna 9. Mujeres denunciadas por admitir prostitutas matriculadas y sin matricular en sus casas, mujeres sancionadas por ocultar a una prostituta enferma, casas inspeccionadas, recibos de las cuotas de Higiene Especial, reconocimientos médicos. El archivo permite ver hasta qué punto el control formaba parte de la vida cotidiana de estas mujeres. Entonces, ¿qué pasó en diciembre de 1902 para que salieran a la calle? La chispa fue aquella prohibición de salir antes de la una de la madrugada, pero detrás había también un conflicto sobre quién tenía derecho a controlarlas. El Ayuntamiento consideraba la Higiene Especial una competencia propia y esa nueva restricción que ellas decidieron no aceptar había sido impuesta por los inspectores gubernativos. El Noticiero Bilbaíno, que habla de una "manifestación mujeriega", las llama "mujeres de vida licenciosa" y califica lo ocurrido como un "espectáculo poco culto y lamentable". Lo señaló expresamente al día siguiente de la protesta: "La policía gubernativa se ha inmiscuido en cierto modo en asuntos que solo afectan a la municipal". El periódico recordaba que el servicio de Higiene Especial estaba a cargo del Ayuntamiento y confiaba en que el conflicto se resolviera cuando el alcalde Bilbao pudiera hablar con el gobernador civil Lili. Las mujeres protestaban por su libertad de movimientos mientras dos administraciones discutían sobre cuál de ellas tenía autoridad para vigilarlas. El 3 de enero de 1903, el periódico socialista La Lucha de Clases publicó un artículo titulado Crueldades. Allí encontramos el dato que falta en la crónica de El Noticiero Bilbaíno: la protesta funcionó. "La disposición fue revocada", escribió el periódico. La Lucha de Clases tampoco escapa al lenguaje estigmatizante de la época —habla de "mujeres de vida airada" o de "impudor"—, pero denuncia abiertamente el trato que reciben: las autoridades las someten a reconocimientos médicos, les cobran derechos de higiene y, al mismo tiempo, limitan su libertad para salir de casa. Aquel 30 de diciembre de 1902, las trabajadoras sexuales de Bilbao hicieron algo imprevisible para las instituciones y para la prensa: tomaron la calle juntas para conquistar el derecho a pisarla y ganaron.