El odio que sufren las personas migrantes que han llegado a Ceuta también ha alcanzado a quienes les dan comida, curan sus heridas, les acompañan o documentan lo que ocurre en las calles. La ONG No Name Kitchen denuncia que sus voluntarios están sufriendo amenazas, agresiones y bloqueos que les impiden desempeñar su trabajo humanitario con normalidad. "Las últimas tres semanas han sido especialmente duras, se está desencadenando una escalada de criminalización bastante alarmante y que afecta de forma muy directa al trabajo que estamos llevando a cabo", explica un portavoz de la organización a Público. El último episodio ocurrió el pasado fin de semana, delante de la propia sede de No Name Kitchen en la ciudad autónoma, cuando una patrulla militar obstaculizó el reparto de comida a personas migrantes. Según explica la ONG a este medio, un vehículo militar se colocó sobre la acera, prácticamente pegado a la puerta, y durante alrededor de dos horas dificultó la entrada y salida de las cajas con comida que las voluntarias tenían preparadas para repartir. "Esperamos a que se movieran, pero se reían. Insultaron a una compañera, le llamaron ‘perra’ y le hicieron proposiciones de carácter sexual", asegura. Mientras las voluntarias trataban de sacar los alimentos por el pequeño espacio que quedaba entre el vehículo y el edificio, la situación hostil continuó, según relatan. "Uno de los soldados tiró la ceniza de su cigarrillo sobre el hombro de una compañera y tuvimos que intentar sacar las cajas como podíamos", añade. La organización ha denunciado ante la Justicia lo ocurrido. Estas situaciones no las vivieron desde el principio cuando su equipo se instaló en Ceuta, sino que el clima empezó a endurecerse especialmente tras las manifestaciones del 26 de agosto y del 2 de septiembre. En dichas protestas varios activistas de la ONG sufrieron insultos y agresiones físicas. "A uno le dieron una bofetada, a otro le tiraron el móvil al suelo y a otro le zarandearon", denuncian.  Además, cinco compañeras fueron detenidas en dos actuaciones distintas, según la organización, "por estar grabando cómo se utilizaba la fuerza contra otras personas". Tras los hechos, Sumar registró el pasado 1 de septiembre varias preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para saber si se estaba identificando a voluntarios y activistas que trabajan con personas migrantes, con qué finalidad y bajo qué instrucciones. Asimismo, se declaraban "especialmente preocupadas" ante las informaciones de una posible filtración de  los datos obtenidos mediante dichas identificaciones "en grupos organizados de carácter xenófobo o de extrema derecha". El señalamiento directo contra la ONG comenzó, según denuncian, siendo fabricado en las redes sociales a base de bulos. "La situación escaló con la invención del influencer Juan Ruiz, que grabó a dos compañeros diciendo que habían repartido sprays de gas pimienta a los migrantes, lo cual es mentira. Acusó sin pruebas ni indicios y tampoco se registraron ataques de este tipo", asegura. El vídeo terminó siendo retirado unos días después, pero para entonces ya se había hecho viral. Unos días más tarde, se difundió en redes que No Name Kitchen había realizado una compra masiva de material explosivo en Mercadona para fabricar cócteles molotov. "Un vecino le sacó una foto a una botella con un líquido con burbujas. No pasó por ningún laboratorio ni hay ningún análisis que diga qué había dentro, pero de repente la noticia se convierte en que Mercadona había denunciado una compra ingente de material explosivo por parte de nuestra organización", explica. Mercadona salió a desmentir esa información dos días después, negando haber registrado las supuestas compras masivas o haber identificado a No Name Kitchen en relación con ellas. Además, el Ministerio de Interior negó el pasado 31 de agosto estar investigando a ninguna ONG por facilitar elementos explosivos a migrantes. Aún así, la organización considera que ambos episodios alimentaron una campaña de señalamiento que se tradujo en insultos y amenazas contra sus activistas. "La llama se prendió. Ya hemos recibido más de 3.000 mensajes deseándonos la muerte", cuenta uno de los voluntarios. El fenómeno no se limita a No Name Kitchen, sino que otras organizaciones que también trabajan en el terreno como Luna Blanca -que reparte cientos de platos de comida caliente al día-, aseguran a Público que han recibido decenas de llamadas amenazantes. "Nos insultan por teléfono, culpándonos por darles de comer, porque dicen que con eso lo que estamos haciendo es facilitando que se queden aquí en Ceuta y no se vayan cuanto antes a su país", explica una portavoz de la entidad. También denuncian que el conductor encargado de transportar la comida ha sido increpado por la calle bajo gritos de que regrese a su país, pese a ser español.  "Hay islamofobia, porque están agrediendo a personas de aquí de Ceuta creyendo que son inmigrantes porque da la casualidad de que compartimos la misma fisonomía, el mismo color, la misma religión", señalan. Aunque las organizaciones sostienen que no quieren poner el foco sobre ellas, sino sobre las principales víctimas, que son las personas migrantes. "Hay personas que están en peores condiciones, que sufren agresiones y no pueden denunciarlas por miedo, porque no tienen documentación, porque no les van a hacer caso o porque pueden sufrir consecuencias", recuerdan. Juan José García, profesor del departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia, explica a Público que este tipo de episodios son "una muestra del deterioro de la democracia. A su juicio, el problema aparece cuando una ONG pasa de ser una organización con la que se discrepa para convertirse en una "enemiga" a la que se busca expulsar simbólicamente del espacio público. Así, García advierte de la polarización actual, agravada no solo por el aumento de los discursos de odio, sino por la ampliación del grupo de personas contra las que empieza a considerarse socialmente aceptable dirigirlos. "Primero se construye al migrante como enemigo; después pueden convertirse en sospechosos quienes le ayudan, quienes cuestionan ese relato o quienes informan de una manera que no coincide con él. Es entonces cuando un problema migratorio empieza a transformarse en un problema de convivencia democrática", sostiene.