¿Cuántas noches hubiera resistido usted durmiendo, como Abdelilah a sus 23 años, con otros 15 inmigrantes apiñados en un garaje clandestino sin la luz eléctrica que permita ver cómo la porquería va amontonándose en el suelo? ¿Cuántos días soportaría lavando con sus nudillos, como Jalid con 35 primaveras, el mismo bañador cada amanecer antes de cocinar como los primitivos en un asentamiento en la playa, en la que huele más a orina y sudor que a mar? ¿Cuántas jornadas hubiera consentido trabajar, como Jawad también nacido hace 35 años, 12 horas en una obra ilegal con heridas sobreinfectadas en los tobillos a cambio de un techo en una ciudad en la que te gritan “invasor”? Para Abdelilah, Jalid y Jawad, oriundos de Tetuán, la respuesta es cincuenta. Las que han pasado desde que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio a mediodía, durante la primera hornada de nadadores, antes de que la frontera se diluyera y permitiera el cruce de más de 80.000 personas. Abdelilah, Jalid y Jawad ya forman parte de la cifra de 5.672 personas que han vuelto de forma voluntaria a Marruecos desde el 10 de agosto. No aguantaban en las calles un día más. En una curva de la carretera del Tarajal, desde donde se divisa el espigón que se tragó 141 vidas a finales de julio, cada atardecer se reúnen decenas de marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma. Sentados sobre un quitamiedos, lamentan que su cruce a España “no ha merecido la pena”, mientras observan un goteo de compatriotas que vuelve por su propio pie a Marruecos. Según fuentes policiales, el lunes retornaron 69, el martes lo hicieron 90 y el miércoles la cifra alcanzó los 121. En ellos está calando el mensaje lanzado por el Gobierno de que ningún marroquí logrará la protección internacional, a diferencia de los subsaharianos, que cuentan con una tasa de concesión de asilo altísima, por lo que su único destino será la devolución. Con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que considera a Marruecos un tercer país seguro del que sus ciudadanos no huyen por guerras –ni por persecuciones políticas–, el único resquicio es demostrar haber sufrido violencia por formar parte del colectivo LGTBI. Y no es el caso: sobre ese quitamiedos solo se posan inmigrantes económicos. Los tres amigos de Tetuán están esperando a que la noche cubra la frontera para volver a sus hogares, que abandonaron por los llamamientos en redes sociales que prometían (falsamente) papeles si entraban a nado en España. Aguardan a la madrugada cerrada para esquivar a los gendarmes que durante la avalancha abandonaron el control fronterizo. Ahora, aunque la postura de Rabat es de puertas abiertas para todos los retornados, temen represalias. La primera: ser interceptados para subirlos a un autobús que los lleve, a lo mejor, a ciudades a cientos de kilómetros de la suya o, a lo peor, a zonas recónditas del desierto. Abdelilah ya lo vivió en el 2021, cuando también aprovechó la marea humana para dar el salto a Ceuta. Tras 22 días en la ciudad, el camión al que fue subido al volver a Marruecos lo abandonó a las puertas del Sáhara. Allí se vio solo, sin dinero con el que regresar. Esta vez, tal y como muestra, vuelve con los 110 euros que le quedan. Los 1.200 euros con los que llegó –al igual que su esperanza de cruzar a la Península– han ido menguando día a día. ¿Qué historia les contarán los tres migrantes a los suyos cuando vuelvan a Marruecos? Jawad les dirá que este casi mes y medio ha sido una montaña rusa de emociones, que ha transitado del éxtasis de la entrada a la decepción de la salida. Que soñaba con acceder a un centro de acogida, pero que luego se dio cuenta de que son una “trampa” de las autoridades para agrupar antes de expulsar. También les explicará que solo un par de familias del barrio de Hadú le contrataron para que tapizase sus salones a un módico precio. Jalid recordará a sus allegados cómo durante la primera semana de agosto le cobraron 20 euros por noche por malvivir en un piso patera con otros “40 o 50” inmigrantes. Y que no ha encontrado ni una sola ocasión para demostrar su valía como mecánico de coches en España, pese a sus dos décadas de experiencia en Marruecos. Abdelilah les dará detalles sobre cómo ha sufrido “la mano dura militar” por ser “confundido” con aquellos que buscan bronca durante las noches. Y que su búsqueda “por una oportunidad para vivir mejor” comenzó con tres días durmiendo al raso en el monte, continuó gracias a la solidaridad de algunos ceutíes musulmanes y termina siendo “un fracaso”. Otro asiduo del quitamiedos, donde hacen una suerte de terapia colectiva, es Neyim, un escayolista de Fnideq (Castillejos) que tampoco fue primerizo en eso de cruzar una frontera de forma irregular. Ya entró en Ceuta en el 2023, durante el verano que despuntó el fenómeno de los migrantes nadadores que aprovechan la densa niebla que envuelve El Tarajal para burlar los controles de seguridad. El discurso reivindicativo de Neyim contrasta con el del resto del grupo. Les anima a “aguantar hasta el final”, como tiene pensado hacer él. No teme que un autocar lo vuelva a dejar en Casablanca, a más de 400 kilómetros de su casa. “Ya volveré”, desafía. ¿Adónde? “A Fnideq. Y luego a Ceuta sin tanta gente a la vez”, avisa. Pero ahora esperará “al desenlace”. “Que nos devuelvan a todos, pero yo no me voy”, insiste. Rachid prefiere ser más pragmático: también tiene un pie puesto en Marruecos. Por sus redes sociales le llega que marroquíes con plaza en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que llegaron antes del asalto a la frontera, están recibiendo sus resoluciones desfavorables de asilo. Datos que confirman fuentes policiales, que sitúan en una docena las personas que serán expulsadas por agotar la vía administrativa. La expulsión implica la prohibición de residir en España los próximos cinco años. Y es en ese punto en el que incide Rachid, predicando al resto desde el quitamiedos: esa restricción de un lustro no aplica para las personas que salgan de Ceuta de manera voluntaria. El efecto cascada en el CETI ha sido inmediato: 134 marroquíes han desistido en su petición de protección internacional, temiendo que estampen el “denegado” en su expediente. Una cifra que aumentará en los próximos días, según prevén desde el Gobierno. Y en las calles de Ceuta, convertida en un CETI, no va a ser menos.