Ruido de sables en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que viene por delante no es para menos. En manos de los veinte vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces está la elección de los próximos nueve magistrados que se van a incorporar al Tribunal Supremo. Fuentes de ambos bloques reconocen la trascendencia de estos nombramientos porque será lo que marque la sensibilidad futura del máximo tribunal español para los próximos años, incluso décadas. A estas plazas hay que sumar otras seis de nueva creación pendientes de ser publicadas. La presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, espera que los vocales se pongan a negociar para intentar lograr cerrar todos los nombres a lo largo de este primer trimestre. La pieza clave es la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo tras la jubilación de Pablo Lucas. Hay tres candidatos que se disputarán el nombramiento, aunque ya asumen que su nombre formará parte de un intercambio de cromos. Y el cromo estrella no está en esta tanda sino que llegará dentro de siete meses, en abril del 2027, con la jubilación de Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda (Penal). Ni conservadores ni progresistas quieren dejar pasar esa oportunidad de ganar cuota, aunque los segundos consideran que no deben entrar en estas negociaciones. La presidencia de la Sala de lo Penal es clave porque por ahí pasan todos los procesos judiciales de personas aforadas, entre ellas, miembros del gobierno o del poder judicial, o las revisiones de condenas que provengan de otros tribunales. Todos los sectores son plenamente conscientes de la relevancia y sensibilidad del cargo en un momento en el que la política está muy judicializada. La inhabilitación para el cargo del que fue fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por filtrar unos documentos o la pena de 24 años de cárcel por parte de esta misma Sala contra el exministro de Fomento y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ponen en evidencia la relevancia de esa presidencia. De la Sala de lo Penal también salió –por parte de un instructor designado para ello– la prisión preventiva de Santos Cerdán, otro ex secretario de organización de los socialistas y hombre fuerte hasta entonces del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por si fuera poco, el caso que se ha empezado a instruir en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos podría dar un salto cualitativo y acabar en el TS. En el 2018 se conoció el plan del PP, liderado entonces por Pablo Casado, de designar al entonces presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, como presidente del CGPJ y del Supremo para controlar esta Sala “desde detrás”, lo que dinamitó el nombramiento con una renuncia expresa del propio magistrado. En esta carrera por lograr la presidencia, los vocales conservadores están mejor posicionados. Una vez que Martínez Arrieta se jubile, si no hay acuerdo para designar a un nuevo presidente, quien asumirá el cargo en funciones será el conservador Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado en la última etapa de Mariano Rajoy. Y cuando este se jubile, el turno volverá, también en funciones, a Marchena. Por eso los diez vocales conservadores, que trabajan como un bloque unido, saben que tienen la sartén por el mango, aunque a priori podrían estar dispuestos a negociar la presidencia de la Sala Tercera. No obstante, necesitan el apoyo de parte de los progresistas, porque todos estos nombramientos del Supremo deben aprobarse por tres quintos. Cuando el CGPJ se renovó en el 2024 tras años de disputas, PSOE y PP se repartieron los nombramientos de sus vocales a partes iguales de diez vocales y con una presidenta de consenso. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y de los propios movimientos del Consejo, el sector progresista ha sufrido choques internos que han llevado a la aparición de un tercer bloque, formado por uno de ellos, Carlos Hugo Preciado, y la propia presidenta, que no se caracterizan precisamente por votar en bloque. Desde dentro del Consejo, se acusa al grupo de nueve de hacer seguidismo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, extremo que estos niegan. De hecho, el último comunicado de los progresistas el día previo al discurso de Perelló en la apertura del año judicial ante el Rey ha sido considerado por la presidenta como una deslealtad al enterarse después de ser emitido. En este, le pedían hacer “autocrítica” y que no se limitara a “trasladar responsabilidades a otras instituciones”. Fuentes del sector conservador acusan al otro bloque de falta de institucionalidad al hacer pública una crítica a la presidenta, con la que ya ha mostrado ciertas rencillas, al igual que el propio ministerio. De hecho, en su discurso, Perelló lanzó una crítica a la ley de eficiencia impulsada por Bolaños, a pesar de que el ministro ha defendido en todo momento que está agilizando los juzgados.