Europa aborda la cuestión formulada en el título desde una posición particularmente áspera. La guerra ha regresado al continente. Rusia ha hecho de la fuerza un descarado instrumento para desbaratar el orden europeo. Ya no cabe dar por supuesta la garantía estadounidense sobre la que descansó durante décadas nuestra seguridad. La prioridad inmediata es defendernos y recomponer la disuasión. Esa urgencia no nos exime de afrontar otra tarea menos lacerante pero igualmente decisiva: ¿qué elementos sostendrán a largo plazo nuestra prosperidad? Porque sin prosperidad tampoco habrá poder, cohesión social ni seguridad duradera. Bajo la inestabilidad que recorre el mundo, late una misma quiebra: el final de aquella visión de avance de la humanidad hacia un mundo de prosperidad creciente y compartida. Aranceles, sanciones o restricciones tecnológicas han pasado a ser ejes de la seguridad económica; rutas y cadenas de suministro adquieren una centralidad inédita. Se debilitan los mecanismos de confianza sobre los que la comunidad internacional tejió el intercambio. Una de las principales conquistas de la modernidad radicó en hacer innecesaria la confianza personal en la vida mercantil. El Derecho creó algo más frío y, a la vez, más potente: la seguridad jurídica. No hacía falta conocer a la contraparte, asumir sus valores o sentir afinidad con ella. Bastaba saber que existían una norma consolidada, un procedimiento previsible y una sanción frente al incumplimiento. La regla permite anticipar la conducta ajena sin depender de la buena voluntad de quien está al otro lado; convierte la incertidumbre en expectativa racional. El orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial trasladó esa lógica a los lazos entre Estados. La Carta del Atlántico vinculó paz y prosperidad; Bretton Woods, Naciones Unidas y el sistema multilateral de comercio implantaron instituciones para sujetar el poder y reducir la incerteza. Sobre esas bases tomó cuerpo una secuencia que durante décadas alumbraría resultados sobresalientes: más comercio favorecería mayor interdependencia, esta aumentaría los incentivos para cooperar y las reglas aportarían predictibilidad. Acompañó un periodo extraordinario de progreso, inversión y expansión de los intercambios. Hoy no se resquebraja la interdependencia. Tampoco perecerá el comercio. Lo que pierde consistencia es la confianza en que la obediencia compartida a las normas baste para configurar las relaciones. Energía, alimentos, fertilizantes, semiconductores, minerales críticos, datos, financiación, rutas marítimas o acceso a grandes mercados siempre han tenido una dimensión política y estratégica. Lo significativo es que esa dimensión ocupa actualmente el primer plano. Una dependencia puede mudar en vulnerabilidad, y ésta, en palanca de coerción. Y la pregunta del inversor deja de ser únicamente cuánto cuesta o cuánto rinde. Incorpora otras: ¿qué riesgo político conlleva?, ¿quién puede interrumpir un suministro?, ¿hasta qué punto un nexo económico puede mutar mañana en herramienta de presión? La respuesta no puede estribar en acabar con la interdependencia. Sencillamente no es viable y cualquier empeño en ese sentido acarrea disfuncionalidad y empobrecimiento. El desafío reside en preservar sus beneficios sin confundir eficiencia con ausencia de riesgo. La ligazón tradicional entre comprador y proveedor resulta insuficiente en sectores estratégicos. Se multiplican los ecosistemas: inversión cruzada, financiación, tecnología, infraestructura, producción coordinada y presencia duradera. En suma, uniones capaces de estimular intereses comunes y elevar el coste de una ruptura. No es casual que esta misma lógica estuviera latente en la intervención en el hemiciclo de Estrasburgo del primer ministro canadiense, Mark Carney, el jueves. Desgranó energía, minerales críticos, tecnología, defensa y comercio como piezas de una asociación más densa entre Canadá y la Unión Europea, no para levantar un nuevo bloque, sino para reducir vulnerabilidades y ganar capacidad frente a la coerción. La cuestión es ésa: ¿cómo hacer que la interdependencia deje de ser ingenuidad y vuelva a convertirse en fortaleza compartida? La regla permitió confiar sin conocerse. El mundo que emerge demanda volver a conocerse, sin renunciar por ello a la norma. El objetivo no es sustituir la seguridad jurídica por coincidencias políticas; sería un retroceso. Cuando disminuye la confianza en que las reglas serán seguidas y aplicadas, esa seguridad jurídica precisa una segunda capa de confianza asentada en relaciones estables. De esa doble arquitectura dependerá la prosperidad global. Por eso las instituciones cobran un peso renovado en la discusión económica. Independencia judicial, firmeza regulatoria, calidad administrativa y fiscal o capacidad para hacer respetar un contrato dejan de ser referencias genéricas a la buena gobernanza. En un mundo más incierto se convierten en activos competitivos. Y aquí surge una paradoja preocupante. Cuanto más necesitamos instituciones capaces de engendrar confianza, aumenta la tentación de tratarlas como obstáculos. Desde familias ideológicas distintas se extiende la idea de que una victoria electoral faculta para desembarazarse de límites o contrapesos. El tribunal que incomoda, el regulador independiente o la prensa crítica se presentan como escollos a la eficacia. Confundir eficacia con ausencia de límites destruye aquello que la inversión requiere: previsibilidad. Europa conoce este dilema. Su gesta política llevó más lejos que ninguna otra la aspiración de poner el poder bajo el Derecho y transformar la interdependencia en vínculo. Carbón y acero eran recursos esenciales para la capacidad industrial y militar de Estados recién enfrentados. Someterlos a la autoridad del tratado buscaba hacer inviable una nueva confrontación. La originalidad europea consistió en encauzar los intereses nacionales mediante instituciones. El error europeo no fue creer demasiado en las reglas. Fue creer durante demasiado tiempo que podían sustituir al poder. Externalizamos buena parte de nuestra seguridad a Estados Unidos y dimos por descontado un entorno de estabilidad que permitía tratar la apertura económica al margen de consideraciones de seguridad. Ahora necesitamos añadir capacidad estratégica sin erosionar el orden jurídico que constituye la singularidad europea. La tecnología irrumpe también en esta tarea. La inteligencia artificial está tensionando categorías que parecían asentadas: propiedad intelectual, autoría, responsabilidad o utilización de datos. La extracción masiva de textos, imágenes, música y otros contenidos para entrenar modelos obliga a replantear qué usos son legítimos, qué derechos conserva el creador y cómo deben articularse consentimiento y remuneración. No se trata de frenar la tecnología, sino de conseguir que la innovación se despliegue en un marco capaz de generar confianza y evitar que quien controla los datos, la infraestructura o los modelos imponga por sí solo la regla. La fragmentación es ya una realidad; administrarla será ineludible: diversificar proveedores, proteger infraestructuras y reducir vulnerabilidades. Pero limitarse a ello equivaldría a tornar la excepcionalidad en horizonte. La tarea más ambiciosa consiste en relanzar la senda de prosperidad. No regresando a la globalización feliz -ese mundo no volverá-, sino levantando una arquitectura más exigente: normas operativas e instituciones de las que no podamos ni debamos prescindir, apuntaladas por relaciones suficientemente densas para resistir las disrupciones y canalizar la tecnología sin sofocar su capacidad creadora. Durante décadas aprendimos a confiar sin conocernos. Hoy tendremos que combinar esa confianza abstracta en la regla con la confianza concreta que nace de relaciones duraderas. De que acertemos en esa combinación dependerá que nos resignemos a administrar la fragmentación o seamos capaces de reconstruir una prosperidad compartida.